Mina d' Aigües y Ajuntament de Terrassa: ningún corte más! El acceso al agua es un derecho humano!

Desde el 2008 la luz ha subido un 60% y el agua un 66%. Alrededor de 320.000 familias catalanas (un 11% de los hogares) sufren pobreza energética. Mientras, las compañías de suministros siguen forrándose igual que los bancos que nos desahucian. Lo lleva denunciando la Aliança Contra la Pobresa Energètica de Catalunya desde hace mucho tiempo con acciones de denuncia en las compañías suministradoras.



Los cortes de suministros son la consecuencia más extrema de la pobreza y son una realidad también en Terrassa. Igual que los desahucios al principio, vivir sin agua, luz o gas es una realidad cotidiana para miles de familias. Como con las hipotecas, no es que no se quiera pagar, es que no se puede por falta de ingresos para cubrir lo más mínimo! En muchas ocasiones los cortes vienen ligados a la pérdida de la vivienda: dificultades para pagar hipoteca o alquiler, desahucio por impagos o ocupación por no tener alternativa habitacional. Desde la PAH de Terrassa pusimos el grito en el cielo contra los cortes el pasado diciembre, poniéndole caras en una rueda de prensa en la que exigimos respuestas del Ajuntament de Terrassa [1].

Después de esa denuncia pública nos citaron des del Ajuntament y el 11 de Febrero nos reunimos con la concejala de vivienda social, Luisa Melgares, y responsables de Serveis Socials y Medi Ambient para tratar los cortes de agua por parte de la compañía Mina d'Aigües de Terrassa. En esa reunión explicaron las dos medidas que existen contra los cortes de agua: el protocolo de cortes y la tarifa social del agua, que Ajuntament y Mina acordaron en mayo de 2013.

Según este protocolo de cortes, cuando te notifican por carta un impago de factura trimestral tienes 20 días para abonarlo, pasados los cuales te llega otra carta avisándote que se solicitará la suspensión del servicio y si no se abona la cantidad (con recargo de 3,78 euros), en otros 20 días. Con dos cartas en un mes y 10 días te quedas sin subministro de agua y sin contrato. Pero ¿quién autoriza el corte siendo el suministro del agua una concesión pública? Mina d'Aigües pasa al Ajuntament de Terrassa sol·licitudes mensuales de suspensiones del servicio y el Ajuntament es quien finalmente autoriza los cortes.

Entonces ¿cuál es la medida que impide cortes de familias vulnerables? El procolo prevé autorizaciones de corte del Ajuntament de forma condicionada a que las familias afectadas tengan, o no, la tarifa social del agua. Si la tienes, no se autoriza el corte, si no la tienes, se autoriza el corte. ¿Y cómo sabe uno que existe esa tarifa social? Porqué en la segunda carta donde te notifican el corte en letra bien pequeña indican que existe una “tarifa social” y que para ello hay que informarse en cualquier oficina de atención ciudadana.

El problema es que muy poca gente tiene la tarifa social del agua. Desde que existe, hace dos años, sólo se han acogido a ella 937 familias, y en Terrassa hay 7.000 parados sin prestación y 21.000 parados en total. ¿Algo falla verdad?

La tarifa social del agua tarda demasiado a tramitarse (hasta 3 meses), tiene unos criterios de acceso muy estrechos (estar en paro o cobrar pensión, cobrar menos menos de 570 euros si vives sólo o entre 600 y 650 si hay 2 o 3 residentes), y significa una rebaja muy pobre, de aproximadamente 3 euros al mes. Además hay una falta de información de la tarifa social alarmante: hemos hecho una comprobación y, por ejemplo, no hay folletos en los servicios centrales de la Plaça Didó (te dicen: "míralo en internet"), ni en la oficina d'Habitatge de Terrassa o en el Centro Cívico de San Pedro Norte (donde se reúne la PAH).

La conclusión es que el protocolo no detiene la mayoría de cortes porqué poquísimas familias tienen la tarifa social del agua, pues no saben ni que existe o no entran, y si lo saben y entran, tardan 3 meses en concederla, por lo que ésta llega tarde y no impide el corte, que se ejecuta en sólo 40 días!!

Por otro lado, las famílias que ocupan viviendas es como si no existieran para el protocolo de cortes. Se les corta el agua sin preguntar qué pasa con ellas y sin cartas ni tarifa social que valga. Mina no necesita ni autorización de corte del Ajuntament. Si hay agua en la vivienda se considera un subministro fraudulento. Lo que quiere decir que es lo mismo alguien que no quiere pagar que alguien que quiere pagar pero que no puede porque el banco no le quiere dar un alquiler social y encima tiene pocos ingresos. Son familias invisibles sin derechos. Un escándalo!

El mismo día de la reunión el Ajuntament nos comunicó que aprobarían una ampliación de la tarifa social que modificarían el protocolo de cortes y que estaban estudiando como poner contadores de agua a las familias que ocupaban viviendas en precario. Nosotros mismos les contamos el ejemplo de Blanes donde el consistorio obliga a la compañía a poner "contadores solidarios" a las familias vulnerables que ocupan a nombre de una entidad social, para salvar su precaria situación. Ha pasado un mes y solo tenemos notícia de la ampliación de la tarifa social en el Pleno del mes de febrero (en julio se ampliará el límite de renta un 40% y no tendrás que estar en el paro). Esto nos parece una buena notícia, pero nos tememos que no será suficiente y que llega tarde para miles de familias.

Les dijimos entonces que el protocolo de cortes es ineficaz porqué no es garantista, porqué no detiene los cortes y porqué ignora a las familias que han  tenido que ocupar viviendas.

Le recordamos al Ajuntament de Terrassa que la falta de satisfacción de necesidades energéticas básicas contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que obligan a las administraciones públicas a hacer “todos los esfuerzos" para satisfacerlos y asegurarlos también "frente a abusos provenientes de particulares".

Además, el Protocolo de cortes de Terrassa incumple la reciente modificación del Código de consumo de Cataluña (Ley 22/2010, de 20 de julio modificada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre), que en su artículo 252-4-b establece que "las unidades familiares en situación de vulnerabilidad económica quedan protegidas de los cortes de suministro especialmente en los períodos críticos; para ello, tras recibir un aviso de interrupción del suministro, deberán presentar un informe de los servicios sociales básicos sobre su situación persona; este informe tiene efectos vinculantes con relación a la interrupción de los cortes de suministro".



Hoy denunciamos a Mina d'Aigües de Terrassa por su insensibilidad social con las familias con dificultades económicas!

Exigimos una reunión a tres bandas en la que empresa concesionaria y Ajuntament se comprometan ante la PAH a modificar el protocolo de cortes para convertirlo en verdadero protocolo de anticortes que protega a la gente!!





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