Nace un grupo local de la Alianza contra la pobreza energética (APE) en Terrassa

Nace un grupo local de la Alianza contra la pobreza energética (APE) en Terrassa.
Trabajará dentro de la PAH de la ciudad.

La Alianza contra la pobreza energética (APE) somos un movimiento social que buscamos promover cambios legales que den respuesta a la vulneración sistemática de los derechos humanos que padecen las personas afectadas por pobreza energética, y en el marco más amplio, proponer soluciones para hacer efectivo el acceso universal a los suministros básicos.
La pobreza energética no es solo la gente que llega al extremo de que le corten el suministro, si no también quiénes están sufriendo en invierno sin encender la calefacción porque no la puede pagar, la gente que está recuperando viviendas y tiene que acceder a los suministros a precario etc.

Nuestras peticiones básicas son:
1. Que se garantice a todas las familias que no puedan hacer frente a los recibos el derecho de acceso a un mínimo del servicio para vivir con dignidad.
2. Que se acabe con los cortes indiscriminados de los suministros aplicando el principio de precaución, por el cual no se podrá cortar el suministro a ninguna persona o familia que Servicios Sociales u otro organismo que designe el Ayuntamiento determine como vulnerable.
3. Que todos los costes de garantía de este servicio básico sean asumidos por la propia compañía, en los casos de exclusión residencial.E
Estas tres peticiones emanan de la Ley 24/2015 que impulsamos des de la ciudadanía con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y por tanto lo que exigimos es el cumplimiento integral de la ley tanto a la administración como a las empresas suministradoras. Además, aunque parte de las medidas sobre vivienda de la Ley están impugnadas, las medidas contra la pobreza energética son totalmente vigentes. Es decir, si no se cumplen, se estará vulnerando la Ley, de la cual somos promotores, junto a la PAH.
La ley 24/2015 es una ley de emergencia pero en la cuestión de los servicios básicos hay que ir más allá. Por eso también incluimos en nuestras peticiones hacer una auditoría publica de los costes de servicio y el déficit tarifario y replantear como se está realizando la prestación de los suministros básicos ahora mismo en manos principalmente de multinacionales que hacen negocio con nuestros derechos.


Para conseguir  que se cumplan estas peticiones haremos:
  • Presión a la administración exigiendo la garantía del acceso universal a los suministros básicos.
  • Acciones de denuncia a empresas suministradoras exigiendo el punto anterior y para ejemplificar la falta de responsabilidad y exigiendo la garantía del servicio.Establecemos redes con otras entidades que trabajan en materia de pobreza energética y realizamos charlas informativas sobre la APE y sus objetivos.
Con esta rueda de prensa y acción de denuncia frente de Endesa, anunciamos que nace una APE en Terrassa, que se reúne cada semana a las 17h  junto a la PAH de Terrassa: en el Centro Cívivo del barrio de San Pedro Norte (centre cívic President Macià: Rambla Francesc Macià 189).

Invitamos a todas las ciudadanas con problemas con los suministros a venir a las reuniones, donde hacemos asesoramiento colectivo y organizamos acciones. En estas reuniones hay otros afectados por la pobreza energética, actualmente se reúnen unas 15 personas.

Somos conscientes que la pobreza energética afecta a mucha más gente en Terrassa de la que viene a las asambleas. En el asesoramiento podrán encontrar un espacio de acogida, encontrarse con otras personas en situaciones similares, encontraran apoyo, acompañamiento a compañías, etc.

EN LA CIUDAD DE TERRASSA: NI SED, NI FRED, NI FOSCOR!!!


Hoy pedimos apoyo del Ple de Terrassa a la Ley Vivienda de la PAH!


Vivimos en uno de los países europeos más afectados por la crisis. Desde el estallido de  la burbuja en  2007, hemos sufrido  los severos  impactos  de  la  segunda  tasa  más  alta de desempleo y del índice de pobreza más alto de toda la Unión Europea.


En los últimos años  el  crecimiento  económico se ha alimentado del ladrillo.  Los gobiernos han fomentado que la vivienda se considere una inversión antes que un bien de primera necesidad. Entre  1997 y  2007,  se edificaron 6,6 millones de viviendas, la misma cantidad que se construyó en Francia, Italia y Alemania juntas. Aún así el precio  de  las  viviendas  llegó  a triplicarse.

Para "dar de comer a la burbuja" se ha  promovido la compra.  Los bajos salarios, el aumento del precio de la vivienda, la ausencia alquiler asequible, tipos de  interés altísimos,  y una deficiente supervisión por parte del Banco de España, empujaron a decenas de miles de  familias  a  endeudarse. Todo  ello acompañado de prácticas que hasta el día de hoy han sido calificadas cuanto menos de abusivas.

Para más colmo tenemos un  parque  de  viviendas  públicas que no alcanza ni el 2%, cuando la media europea es del  15%), ayudas al  pago  del  alquiler  escasas, y un 14% de viviendas vacías.

El  aumento  del  paro y el sobreendeudamiento  generalizado  se  tradujo en dificultades  para  hacer frente al pago de la vivienda. A partir de 2008 y hasta la actualidad la imposibilidad material  de pagar  el  alquiler o la  hipoteca ha sido  un problema  de  primer orden para las familias.

En el ámbito legislativo, tenemos una normativa hipotecaria anómala que  sobreprotege  a  la  parte  creditora frente a los prestatarios (te quitan la casa y te queda una deuda de por vida). Esta situación de desprotección del consumidor, denunciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (claúsulas suelo, clausula del vencimiento anticipado etc.) y declarada ilegal, junto  con  modificaciones  de  la  legislación  en  la ley  de  arrendamientos  urbanos  que agilizan los desahucios sin tener en consideración la situación de las personas  afectadas y  sin  que  existan  medidas de  realojo adecuado, no deja otro camino a  miles  de  familias que  contemplar  la  ocupación  de  la  vivienda como  única alternativa  habitacional.

Ahora están llegando problemas con los alquileres, castigados por  las  consecutivas reformas  de  la LAU,  con  contratos inestables de 3 años y  subidas  indiscriminadas de  precio, si te renuevan. Además, a diferencia de los países del entorno europeo, no existen medidas orientadas a impedir rentas abusivas. Por no hablar de la incursión de fondos buitres, que alentados  por  la  posibilidad  de  especular  con  las  viviendas ejecutables,  deudas o en el mercado inmobiliario de alquiler de viviendas o turístico; están frotandose las manos.

Los datos hablan por sí solos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), des del 2007 hasta el 2016, el número  de ejecuciones  hipotecarias  se  ha  situado  en  721.000  y  el número  de desahucios se sitúa en más de 515.000 (en las grandes ciudades, más del 50% son de alquiler). En nuestra ciudad una media de 3 desahucios al día. Se dice rápido, pero estamos hablando de una auténtica catástrofe.

Nos alarma también el crecimiento  de  la  pobreza  energética. Los precios se han vuelto inasequibles. Solo hay que ver la subida exponencial de la luz en los últimos años en la que la potencia contratada,  que  supone  un  40%  del  recibo,  se  ha  encarecido más  de  un  90%  desde 2013. Solo en 2014 se produjeron en el estado español más de 2 millones de cortes de suministro en España.

En el  año  2013 presentamos  una  Iniciativa  Legislativa  Popular en el Congreso que  recogía  tres medidas de mínimos como dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Esta ILP obtuvo un gran apoyo con un millón y medio de firmas. A pesar de ello, no prosperó porque la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados la bloqueó
. Vinimos entonces a este pleno a pedir apoyo a esa Iniciativa Legislativa Popular. Un apoyo que, por cierto obtuvimos. Aunque no únanime.

Ante la situación descrita, el Gobierno ha legislado iniciativas totalmente  insuficientes  e  ineficaces
.  El Código de Buenas Prácticas no ha conseguido solucionar más que el 0,5% de los casos.  El  Real  Decreto-ley de  medidas  urgentes  para reforzar la protección a los deudores hipotecarios sólo ha conseguido paralizar el 5% de los desahucios  durante  su  vigencia,  quedando  aplazada  la problemática.

Además se han impugnado las leyes autonómicas que venían a cubrir el vacío existente a nivel estatal. Como pasó con nuestra Ley 24/2015, la ILP Habitatge que también presentó la PAH junto a otras organizaciones de la sociedad civil y que se aprobó por unanimidad en el mes de julio de 2015. Por cierto, con el voto favorable del Partido Popular, lo cual nos alegró; pero luego vimos como el Gobierno de Rajoy la impugnaba al Constitucional, estando aún suspendida a la espera de una sentencia.

Después de 9 años el movimiento ciudadano en defensa del derecho a la vivienda ha conseguido un amplio reconocimiento y legitimidad a todos los niveles, a través de la denuncia pública y toma de conciencia frente a este problema, paralizando miles de desahucios  o realojando,  consiguiendo  a  través  de  la  presión  soluciones para incontables  familias,  ofreciendo  herramientas  y  recursos para  la  defensa  de  las personas  afectadas  etc.

A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia. El  derecho  a  la  vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales, subministros y al saneamiento, la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de realojo.
El Estado  español  ha  estado  incumpliendo  los  pactos internacionales  ratificados  así como ha tenido  numerosas sentencias  del  Tribunal  de  Justicia de  la  Unión  Europea (TJUE) desde 2013 que confirman la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria.

También se incumple la Constitución, que reconoce  el  derecho  a  una  vivienda digna  y  adecuada  y  lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación, imponiendo a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general.

Como encaja todo esto con los desahucios que sufrimos a diario, con los  165.000  millones de  euros de rescate a los bancos sin pedirles nada a cambio o con los recortes en sanidad y educación? Eso sí, mientrastanto Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell cerraron el año 2013 con un beneficio de 7.674 millones de euros. Y la principal empresa distribuidora de luz en  Catalunya,  Endesa,  declaró  un  beneficio  de 1.411 de millones de euros en 2016. Ustedes lo entienden?

Hoy venimos a hablarles de un nuevo intento de acabar con esta catástrofe social que llamamos desahucios, deudas impagables, familias empobrecidas, menores y gente mayor viviendo sin luz o agua, millones de viviendas vacías y centenares de miles de familias sin vivienda.

Nos referimos a la LEY DE VIVIENDA DE LA PAH. Una propuesta de Ley que ya hemos explicado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, donde la mayoría de ustedes también tienen representantes y que tramitaremos el curso que viene. Una ley que se debería de haber aprobado después del primer desahucio en 2007, pero no se quiso, para salvar a los bancos y no a las personas. Una ley necesaria, efectiva y justa que nos habría ahorrado mucho sufrimiento. Los Gobiernos y las instituciones de este país tienen una deuda con la gente: cambiar las leyes y acabar con todo este sufrimiento. Ya ven: no sólo paramos desahucios y acompañamos a las familias en dificultades, también escribimos las leyes para garantizar el derecho a la vivienda.

Esta ley tiene por el objetivo de legislar cinco mecanismos básicos para hacer frente, de manera efectiva y  eficaz,  a  la emergencia  habitacional  dando  respuesta  y solución  a  las situaciones  de  sobreendeudamiento,  al  abuso  del  sistema financiero, dando alternativa habitacional a las familias en situación de exclusión residencial que sufren procedimientos de lanzamiento ya sea por ejecuciones hipotecarias, impago de alquiler o estar en precario, a la vez que se desarrollan mecanismos para aumentar el parque  de  vivienda  pública,  a  la  inestabilidad  e inseguridad  de  la  legislación  de arrendamientos urbanos que dificultan el acceso a la vivienda mediante esta opción, y finalmente, mecanismos que eviten situaciones de cortes de suministros básicos a los que todo ciudadano ha de tener acceso.


La Ley de Vivienda de la PAH contempla las siguientes 5 demandas:

1.DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
        Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda.
        Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.
        Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.

2.ALQUILER ASEQUIBLE
        Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.
        Ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos  concretos de urgencia.
        Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.

3.STOP DESAHUCIOS
        Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda.
        Obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.
        Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
        Obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos.

4.VIVIENDA SOCIAL
        Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.
        Incrementar el parque público de vivienda.
        Alquileres Sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

5.SUMINISTROS GARANTIZADOS
        Principio de Precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las afectadas.
        Tarifa Social: pago en función de la capacidad adquisitiva.
        No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.

Cinco demandas que permitirían cerrar la puerta del sufrimiento y dar un paso de gigante hacía el derecho a la vivienda. 

Hemos presentado esta moción en todos los Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos del estado. Hoy le toca a los representantes de este pleno decidir si están o no con el derecho a la vivienda.

Por todo lo expuesto, les pedimos que:
  
1. Defiendan  públicamente  la   Ley   de   Vivienda   de   la   PAH.

2. Defiendan ante al Gobierno del  Estado y pidan al Congreso su aprobación.

Hoy le toca al pleno posicionarse y darnos apoyo para hacer frente de una vez por todas a la emergencia habitacional, dejar a un lado las diferencias y sacar adelante la ley de vivienda que nos permita ser un país avanzado en la protección de derechos.

Nos gustaría saber el posicionamiento de todos los grupos del Pleno, por lo que pedimos al Alcalde que abra un breve turno de palabras para poder recibir esas respuestas.

Además, proponemos que lo que hemos planteado hoy aquí se vote como propuesta de resolución en el próximo pleno del 20 de julio. En ese momento sabremos, más allá de las palabras, que grupos políticos de Terrassa apoyan la Ley de Vivienda de la PAH y cuales no.

Piensen primero en la ciudad y en el derecho a la vivienda de todos los terrassenses.
Esperamos sus respuestas.

Buenas noches.
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Volvemos a la carga contra el Banco Santander!!

Hace 6 meses PAH Terrassa denunció de manera pública al Banco Santander por su falta de interés y responsabilidad para resolver los casos de las personas afectadas, que llevan mucho tiempo viviendo situaciones insostenibles gracias a la gran estafa hipotecaria llamada también crisis.

Se consiguió una reunión en la que se comprometieron a unas cosas que de nuevo no han cumplido.

Nosotras entregamos los papeles que de nuevo se nos pidió y después de 5 meses, seguimos sin una respuesta. No nos interesa su mala coordinación o sus problemas internos al igual que a ellos no les importó dejarnos sin nuestras viviendas.

Estas familias sufren cada día la angustia de poder ser desahuciadas mientras el Banco Santander compra por 1€ al Banco Popular pero, no se pone a solucionar los casos de las personas a las que a arruinado la vida. 

Por eso hoy exigimos respuestas no queremos más promesas incumplidas y buenas palabras, y hasta entonces se hará campaña contra este banco y su mala praxis.



¡¡Queremos soluciones ya!!


Volvemos a la carga contra el Banco Santader. Esto acaba de empezar!! Las acciones seguirán hasta que se den soluciones!!

#AporElSantander

DE QUÉ LADO ESTÁ EL AYUNTAMIENTO DE TERRASSA, DE LA SAREB O DE LAS FAMILIAS EN RIESGO HABITACIONAL?



Lahcen vino a Terrassa el año 2015 desde Castelldefels, donde vivía de alquiler durante 15 años (pagando su alquiler y sus impuestos) hasta que se quedó sin trabajo, como muchas otras afectadas. Un amigo que tenía en Terrassa, que se fue porque no podía hacer frente al pago de la hipoteca, le ofreció su vivienda. El proceso ejecutivo de esta hipoteca continuó su curso y Lahcen recibió en enero de 2016 un comunicado para un juicio por ocupación. Pasó el juicio, pasó un año y en enero de este año recibió el primer lanzamiento.

Desde la PAH se iniciaron negociaciones con el Ayuntamiento de inmediato para resolver el problema de Lahcen. Los Servicios Sociales de Terrassa se niegan a solucionar su problema, aduciendo que  no lleva viviendo más de tres años en Terrassa y no tiene menores viviendo con él, para denegarle una vivienda en connivencia con la SAREB y desahuciarlo. Que mentirosos que son!  Mirando este “protocolo” vemos que: si hay dos familias con necesidad de vivienda, tendrá preferencia la que tenga menores en el seno familiar y un empadronamiento en Terrassa de más de tres años. Y el Ayuntamiento de Terrassa usa este argumento para denegarle un techo a Lahcen y ponerse del lado de la SAREB dando la espalda a sus ciudadanos. Lamentable.

Su mujer enferma de diabetes y del corazón, enfermedades agravadas por la situación que están sufriendo, tuvo que abandonar la vivienda el día del lanzamiento porque era un trago insuperable para ella.

Lahcen tuvo su primer lanzamiento el día 24 de enero (parado por negociaciones de su abogado con el Ayuntamiento y la SAREB), el segundo el 28 de febrero, en el que estuvo la PAH, y sin que se sepa quien paró el desahucio. ¿El Ayuntamiento? No lo sabemos. Una muestra más de la falta de transparencia del Ayuntamiento de Terrassa.

En el momento del desahucio del día 28, el cerrajero, que se unió a la gente de la PAH que estábamos allí, nos dijo que traía una puerta de hierro para instalar e impedir su ocupación. Para que siga vacío sin ningún uso social ¡!?? 

La SAREB, creada para quedarse con las hipotecas basura  y propietaria de todas las viviendas que a los bancos no les resultaban rentables. Viviendas pagadas con dinero público, o sea por nosotras y que permanecen deshabitadas “sine die”.

Lahcen tiene su vida en Terrassa. Los médicos que atiende a su mujer. Él quiere pagar un alquiler. Un alquiler social, a la medida de sus ingresos, no quiere ser un ocupa y el Ayuntamiento no quiere apoyarlo. El próximo desahucio es para el 28 de marzo, la respuesta del Ayuntamiento de Terrassa es que se vaya, que este desahucio no lo vamos a parar.

Por estos motivo y para exigir soluciones, hoy se ha convocado una acción en los Servicios Sociales y de Habitatge de Terrassa!!


La PAH se planta!!!


En relación con la sentencia del TJUE del 26 de enero sobre vencimiento anticipado, y la reciente cuestión prejudicial que ha planteado el tribunal supremo al propio tjue, sobre si deben archivarse o no las ejecuciones hipotecarias por esta cláusula presente en el 99,99% de las hipotecas, y después de que las audiencias provinciales de girona, barcelona, castellón y madrid hayan solicitado la suspensión de las ejecuciones hipotecarias hasta que el tjue resuelva… hoy, 7 de marzo, la pah se planta y lanza al tjue una cuestión prejudicial:
¿El Gobierno Español es contrario al derecho de la Unión Europea, en el sentido de que se opone al Derecho Comunitario, cuando legisla la prohibición a los jueces nacionales de investigar las cláusulas abusivas en un contrato hipotecario? Evidentemente, es una cuestión retórica… ¡¡No vamos a esperar más que el TJUE siga dando la razón a la PAH!! ¡¡Hoy nos oponemos Todas a Una presentando en los juzgados escritos de oposición colectivos e individuales exigiendo la paralización de todos los procesos de Ejecución Hipotecaria en marcha en España!!
La sentencia del TJUE del 26 de Enero sobre vencimiento anticipado, y la reciente cuestión prejudicial que ha planteado el Tribunal Supremo al propio TJUE, sobre si deben archivarse o no las ejecuciones hipotecarias por esta cláusula presente en el 99,99% de las hipotecas, son el golpe definitivo a un sistema hipotecario injusto, abusivo y, por lo tanto, ilegal. Tras el repetido choque de trenes entre la justicia española y la comunitaria, después de las últimas 8 sentencias del TJUE, ¿qué “legalidad” tiene la legalidad hipotecaria española? ¿Qué norma impide al Gobierno legislar que los jueces deben examinar de oficio las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios pasados, presentes y futuros?
El TJUE lo aclara: para los jueces no hay una norma que les impida revisar de oficio las cláusulas abusivas, porque en realidad están obligados a ello… Y para el Gobierno tampoco hay norma que les impida proponer leyes acordes con la legislación europea. No permitiremos que la voluntad política del gobierno de turno se convierta en el fiel de la balanza.
Si las leyes hipotecarias que han dictado los políticos en este país no son compatibles con el derecho de la Unión Europea, y el TJUE se ratifica en esto en cada sentencia o pronunciamiento: ¿son compatibles estos políticos con la Unión Europea?
Si el Derecho de la Unión impone a uno de los poderes del estado español, el judicial, la protección al consumidor, ¿no debe aplicar esto el poder legislativo y, en consecuencia, el poder ejecutivo, es decir el gobierno?
La ley debe ser la encargada de disuadir el delito, pero en el terreno hipotecario esto no es así: el monopolio político/financiero ni siquiera permite que los jueces investiguen, dejando al consumidor indefenso.
Dice el TJUE que el juez debe determinar si las cláusulas de un contrato hipotecario actúan en detrimento del consumidor, y si suponen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Y señala el carácter abusivo tanto de la cláusula como de los plazos para recurrir.
¡EXIGIREMOS EN LOS JUZGADOS QUE SE ARCHIVEN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA! ¡¡SI SE PUEDE!!