En
relación con la sentencia del TJUE del 26 de enero sobre vencimiento
anticipado, y la reciente cuestión prejudicial que ha planteado el
tribunal supremo al propio tjue, sobre si deben archivarse o no las
ejecuciones hipotecarias por esta cláusula presente en el 99,99% de
las hipotecas, y después de que las audiencias provinciales de
girona, barcelona, castellón y madrid hayan solicitado la suspensión
de las ejecuciones hipotecarias hasta que el tjue resuelva… hoy, 7
de marzo, la pah se planta y lanza al tjue una cuestión prejudicial:
¿El
Gobierno Español es contrario al derecho de la Unión Europea, en el
sentido de que se opone al Derecho Comunitario, cuando legisla la
prohibición a los jueces nacionales de investigar las cláusulas
abusivas en un contrato hipotecario? Evidentemente, es una cuestión
retórica… ¡¡No vamos a esperar más que el TJUE siga dando la
razón a la PAH!! ¡¡Hoy nos oponemos Todas a Una presentando en los
juzgados escritos de oposición colectivos e individuales exigiendo
la paralización de todos los procesos de Ejecución Hipotecaria en
marcha en España!!
La
sentencia del TJUE del 26 de Enero sobre vencimiento anticipado, y la
reciente cuestión prejudicial que ha planteado el Tribunal Supremo
al propio TJUE, sobre si deben archivarse o no las ejecuciones
hipotecarias por esta cláusula presente en el 99,99% de las
hipotecas, son el golpe definitivo a un sistema hipotecario injusto,
abusivo y, por lo tanto, ilegal. Tras el repetido choque de trenes
entre la justicia española y la comunitaria, después de las últimas
8 sentencias del TJUE, ¿qué “legalidad” tiene la legalidad
hipotecaria española? ¿Qué norma impide al Gobierno legislar que
los jueces deben examinar de oficio las cláusulas abusivas en los
contratos hipotecarios pasados, presentes y futuros?
El
TJUE lo aclara: para los jueces no hay una norma que les impida
revisar de oficio las cláusulas abusivas, porque en realidad están
obligados a ello… Y para el Gobierno tampoco hay norma que les
impida proponer leyes acordes con la legislación europea. No
permitiremos que la voluntad política del gobierno de turno se
convierta en el fiel de la balanza.
Si
las leyes hipotecarias que han dictado los políticos en este país
no son compatibles con el derecho de la Unión Europea, y el TJUE se
ratifica en esto en cada sentencia o pronunciamiento: ¿son
compatibles estos políticos con la Unión Europea?
Si
el Derecho de la Unión impone a uno de los poderes del estado
español, el judicial, la protección al consumidor, ¿no debe
aplicar esto el poder legislativo y, en consecuencia, el poder
ejecutivo, es decir el gobierno?
La
ley debe ser la encargada de disuadir el delito, pero en el terreno
hipotecario esto no es así: el monopolio político/financiero ni
siquiera permite que los jueces investiguen, dejando al consumidor
indefenso.
Dice
el TJUE que el juez debe determinar si las cláusulas de un contrato
hipotecario actúan en detrimento del consumidor, y si suponen un
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las
partes del contrato. Y señala el carácter abusivo tanto de la
cláusula como de los plazos para recurrir.
¡EXIGIREMOS
EN LOS JUZGADOS QUE SE ARCHIVEN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
HIPOTECARIA! ¡¡SI SE PUEDE!!
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