Pese a la insistencia del representante del banco para que el desahucio se llevase a cabo, y pese a la amenaza por parte de las fuerzas del orden a los propietarios (les informaron de las consecuencias que les podría acarrear negarse a abandonar la vivienda), la presion popular impidió de nuevo la expulsión de las familias de su vivienda.
Los mossos d´esquadra, tras informar a las familias de las consecuencias que les podría acarrear el negarse al desahucio, accedieron a la vivienda para comprobar el estado de la misma e informar al juzgado de que no se podría realizar el desahucio por razones humanitarias. Al final, el desahucio se paró y queda aplazado con fecha abierta, como viene siendo habitual en los últimos tiempos.
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