Stop desahucios. La PAH denuncia la represión del Govern de la Generalitat contra las familias hipotecadas y vuelve a convocar una acción para frenar un desahucio en Montcada el próximo 8 de marzo

El Govern de la Generalitat de Catalunya aumenta la represión en los desalojos de familias hipotecadas, contradiciendo su apoyo inicial a la reforma de la ley hipotecaria.

El pasado 4 de marzo Mario y Anselma fueron desahuciados de su piso de Segur de Calafell, después de un tortuoso proceso de ejecución hipotecaria que les ha dejado en la calle y con una deuda de más de 130.000 euros. Varios miembros de la PAH se desplazaron hasta la localidad con la intención de oponer una resistencia pacífica al desalojo. Sin embargo, no estaban solos y ni siquiera pudieron llegar hasta la vivienda. Varias furgonetas de los mossos d’esquadra así como una veintena de antidisturbios habían cortado las calles adyacentes impidiendo la libre circulación de personas y coartando el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a denunciar lo que consideramos un acto deleznable, brutal e inhumano que está dejando a miles de familias en la calle, abocadas a la pobreza y a la exclusión social.
Denunciamos enérgicamente la presencia desproporcionada de policía y su brutal actuación. Les recordamos que nuestras únicas armas son nuestras pancartas y nuestra dignidad. No somos criminales por mucho que la ley hipotecaria nos obligue a sobrevivir como proscritos. La actuación de las fuerzas de seguridad en el caso de la familia de Segur nos hace pensar que la violencia injustificada que ejercieron los mossos el pasado mes de febrero en Vic, que entre otras cosas provocó que a una mujer embarazada de 8 meses la tuvieran que trasladar al hospital, no fue una anécdota sino la norma, y nos hace temer que a partir de ahora éste va a ser el protocolo de actuación policial para los desahucios: tratar a la gente empobrecida como si fuéramos terroristas.

Le recordamos al gobierno que está amparando los intereses de unas entidades financieras que han provocado la crisis y nos han dejado sin trabajo. Unas entidades que hasta la fecha y solo en Catalunya han dejado a 50.000 familias en la calle y con deuda, mientras siguen acumulando obscenos beneficios año tras año. Así, no nos queda más que constatar que la nueva política de interior de la Generalitat de Catalunya amenaza la paz social y contradice el apoyo inicial que CiU anunció para las familias víctimas de las ejecuciones hipotecarias. Además, el vergonzoso despliegue policial, propio de un estado autoritario, supone un derroche de dinero público injustificable en estos tiempos que corren. Haría bien el gobierno en destinar los escasos recursos de que dispone a políticas sociales.

Sólo podemos interpretar estas actuaciones como una maniobra de intimidación para intentar desactivar un movimiento que crece día tras día. Pero de una cosa pueden estar seguros: NO TENEMOS MIEDO. ¿Que miedo puede tener una familia que ya ha perdido todo pero preserva lo mas importante, la dignidad? ¿Cuál es el miedo de una familia condenada de por vida a una deuda impagable y a la clandestinidad? Unos padres a los que encima se les amenaza de arrebatar la custodia de sus hijos por haber perdido la vivienda ya no le temen a nada. Para aquellos ciudadanos que ya han sido desposeídos solo les queda una opción posible: actuar solidariamente para hacer efectivos sus derechos más fundamentales.