Vivimos en uno de los países europeos más afectados por la crisis. Desde el
estallido de la burbuja en 2007, hemos sufrido los
severos impactos de la segunda tasa
más alta de desempleo y del índice de pobreza más alto de toda la Unión
Europea.
En los últimos años el crecimiento económico se ha alimentado
del ladrillo. Los gobiernos han fomentado que la vivienda se considere
una inversión antes que un bien de primera necesidad. Entre 1997 y
2007, se edificaron 6,6 millones de viviendas, la misma cantidad que se
construyó en Francia, Italia y Alemania juntas. Aún así el precio
de las viviendas llegó a triplicarse.
Para "dar de comer a la burbuja" se ha promovido la
compra. Los bajos salarios, el aumento del precio de la vivienda, la
ausencia alquiler asequible, tipos de interés altísimos, y una
deficiente supervisión por parte del Banco de España, empujaron a decenas de
miles de familias a endeudarse. Todo ello acompañado de
prácticas que hasta el día de hoy han sido calificadas cuanto menos de
abusivas.
Para más colmo tenemos un parque de viviendas públicas
que no alcanza ni el 2%, cuando la media europea es del 15%), ayudas
al pago del alquiler escasas, y un 14% de
viviendas vacías.
El aumento del paro y el sobreendeudamiento
generalizado se tradujo en dificultades para hacer
frente al pago de la vivienda. A partir de 2008 y hasta la actualidad la
imposibilidad material de pagar el alquiler o la
hipoteca ha sido un problema de primer orden para las familias.
En el ámbito legislativo, tenemos una normativa hipotecaria anómala que
sobreprotege a la parte creditora frente a los
prestatarios (te quitan la casa y te queda una deuda de por vida). Esta
situación de desprotección del consumidor, denunciada por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (claúsulas suelo, clausula del vencimiento
anticipado etc.) y declarada ilegal, junto con modificaciones
de la legislación en la ley de
arrendamientos urbanos que agilizan los desahucios sin tener en
consideración la situación de las personas afectadas y sin
que existan medidas de realojo adecuado, no deja otro camino
a miles de familias que contemplar la
ocupación de la vivienda como única alternativa
habitacional.
Ahora
están llegando problemas con los alquileres, castigados por las
consecutivas reformas de la LAU, con contratos
inestables de 3 años y subidas indiscriminadas de precio, si
te renuevan. Además, a diferencia de los países del entorno europeo, no existen
medidas orientadas a impedir rentas abusivas. Por no hablar de la incursión de
fondos buitres, que alentados por la posibilidad
de especular con las viviendas ejecutables,
deudas o en el mercado inmobiliario de alquiler de viviendas o turístico; están
frotandose las manos.
Los datos hablan por sí solos. Según los datos del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), des del 2007 hasta el 2016, el número de ejecuciones
hipotecarias se ha situado en 721.000
y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000 (en las
grandes ciudades, más del 50% son de alquiler). En nuestra ciudad una media de
3 desahucios al día. Se dice rápido, pero estamos hablando de una auténtica
catástrofe.
Nos alarma también el crecimiento de la pobreza
energética. Los precios se han vuelto inasequibles. Solo hay que ver la subida
exponencial de la luz en los últimos años en la que la potencia
contratada, que supone un 40% del
recibo, se ha encarecido más de un
90% desde 2013. Solo en 2014 se produjeron en el estado español más de 2
millones de cortes de suministro en España.
En el año 2013 presentamos una Iniciativa
Legislativa Popular en el Congreso que recogía tres medidas
de mínimos como dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el
alquiler social. Esta ILP obtuvo un gran apoyo con un millón y medio de firmas.
A pesar de ello, no prosperó porque la mayoría absoluta del Partido Popular en
el Congreso de los Diputados la bloqueó. Vinimos entonces a este pleno a pedir
apoyo a esa Iniciativa Legislativa Popular. Un apoyo que, por cierto obtuvimos.
Aunque no únanime.
Ante la situación descrita, el Gobierno ha legislado iniciativas totalmente
insuficientes e ineficaces. El Código de Buenas Prácticas no
ha conseguido solucionar más que el 0,5% de los casos. El
Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios sólo ha conseguido paralizar el 5% de
los desahucios durante su vigencia, quedando
aplazada la problemática.
Además se han impugnado las leyes autonómicas que venían a cubrir el vacío
existente a nivel estatal. Como pasó con nuestra Ley 24/2015, la ILP Habitatge
que también presentó la PAH junto a otras organizaciones de la sociedad civil y
que se aprobó por unanimidad en el mes de julio de 2015. Por cierto, con el
voto favorable del Partido Popular, lo cual nos alegró; pero luego vimos como
el Gobierno de Rajoy la impugnaba al Constitucional, estando aún suspendida a
la espera de una sentencia.
Después de 9 años el movimiento ciudadano en defensa del derecho a la vivienda
ha conseguido un amplio reconocimiento y legitimidad a todos los niveles, a
través de la denuncia pública y toma de conciencia frente a este problema,
paralizando miles de desahucios o realojando, consiguiendo
a través de la presión soluciones para
incontables familias, ofreciendo herramientas y
recursos para la defensa de las personas afectadas
etc.
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el
Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC)
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. El derecho a
la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales,
subministros y al saneamiento, la protección contra los desahucios forzosos y
la obligación de realojo.
El Estado español ha estado incumpliendo
los pactos internacionales ratificados así como ha tenido
numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) desde 2013 que confirman la ilegalidad del
procedimiento español de ejecución hipotecaria.
También se incumple la Constitución, que reconoce el derecho
a una vivienda digna y adecuada y lo
vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación,
imponiendo a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de
propiedad no se ejerza de forma antisocial y subordina toda la riqueza, sea
cual sea su titularidad, al interés general.
Como encaja todo esto con los desahucios que sufrimos a diario, con los
165.000 millones de euros de rescate a los bancos sin pedirles nada
a cambio o con los recortes en sanidad y educación? Eso sí, mientrastanto
Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell cerraron el año 2013 con un
beneficio de 7.674 millones de euros. Y la
principal empresa distribuidora de luz en
Catalunya, Endesa, declaró un beneficio de 1.411
de millones de euros en 2016. Ustedes lo entienden?
Hoy venimos a hablarles de un nuevo intento de acabar con
esta catástrofe social que llamamos desahucios, deudas impagables, familias
empobrecidas, menores y gente mayor viviendo sin luz o agua, millones de
viviendas vacías y centenares de miles de familias sin vivienda.
Nos referimos a la LEY DE VIVIENDA DE LA PAH. Una propuesta de Ley que
ya hemos explicado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados,
donde la mayoría de ustedes también tienen representantes y que tramitaremos el
curso que viene. Una ley que se debería de haber aprobado después del primer
desahucio en 2007, pero no se quiso, para salvar a los bancos y no a las
personas. Una ley necesaria, efectiva y justa que nos habría ahorrado mucho
sufrimiento. Los Gobiernos y las instituciones de este país tienen una deuda
con la gente: cambiar las leyes y acabar con todo este sufrimiento. Ya ven: no
sólo paramos desahucios y acompañamos a las familias en dificultades, también
escribimos las leyes para garantizar el derecho a la vivienda.
Esta ley tiene por el objetivo de legislar cinco mecanismos básicos para hacer
frente, de manera efectiva y eficaz, a la
emergencia habitacional dando respuesta y
solución a las situaciones de sobreendeudamiento,
al abuso del sistema financiero, dando alternativa
habitacional a las familias en situación de exclusión residencial que sufren
procedimientos de lanzamiento ya sea por ejecuciones hipotecarias, impago de
alquiler o estar en precario, a la vez que se desarrollan mecanismos para
aumentar el parque de vivienda pública, a
la inestabilidad e inseguridad de la
legislación de arrendamientos urbanos que dificultan el acceso a la
vivienda mediante esta opción, y finalmente, mecanismos que eviten situaciones
de cortes de suministros básicos a los que todo ciudadano ha de tener acceso.

La Ley de Vivienda de la PAH contempla las siguientes 5 demandas:
1.DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
•
Mecanismos
de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la
deuda.
•
Inembargabilidad
de la vivienda habitual de avalistas.
•
Eliminación
de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.
2.ALQUILER ASEQUIBLE
•
Reforma
de la LAU para dar seguridad y estabilidad.
•
Ampliación
a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda
rescindir en casos concretos de urgencia.
•
Establecer
un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la
población.
3.STOP DESAHUCIOS
•
Moratoria
sobre desahucios de primera y única vivienda.
•
Obligación
de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las
familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.
•
Ayudas
a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
•
Obligatoriedad
de la Administración Pública a ofrecer realojos.
4.VIVIENDA SOCIAL
•
Movilización
de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.
•
Incrementar
el parque público de vivienda.
•
Alquileres
Sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
5.SUMINISTROS
GARANTIZADOS
•
Principio
de Precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas
sin antes tener información sobre la situación de las afectadas.
•
Tarifa
Social: pago en función de la capacidad adquisitiva.
•
No
asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que
asuman el coste de las familias que no puedan pagar.
Cinco
demandas que permitirían cerrar la puerta del sufrimiento y dar un paso de
gigante hacía el derecho a la vivienda.
Hemos presentado esta moción en todos los Ayuntamientos y Gobiernos
Autonómicos del estado. Hoy le toca a los representantes de este pleno decidir
si están o no con el derecho a la vivienda.
Por todo lo expuesto, les pedimos que:
1. Defiendan públicamente la Ley
de Vivienda de la PAH.
2. Defiendan ante al Gobierno del Estado y pidan al Congreso su
aprobación.
Hoy le toca al pleno posicionarse y darnos apoyo para hacer frente de una
vez por todas a la emergencia habitacional, dejar a un lado las diferencias y
sacar adelante la ley de vivienda que nos permita ser un país avanzado en la
protección de derechos.
Nos gustaría saber el posicionamiento de todos los grupos del Pleno, por lo
que pedimos al Alcalde que abra un breve turno de palabras para poder recibir
esas respuestas.
Además, proponemos que lo que hemos planteado hoy aquí se vote como
propuesta de resolución en el próximo pleno del 20 de julio. En ese momento
sabremos, más allá de las palabras, que grupos políticos de Terrassa apoyan la
Ley de Vivienda de la PAH y cuales no.
Piensen primero en la ciudad y en el derecho a la vivienda de todos los
terrassenses. Esperamos sus
respuestas.
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