Vivimos en uno de los países europeos más afectados por la crisis. Desde el estallido de la burbuja en 2007, hemos sufrido los severos impactos de la segunda tasa más alta de desempleo y del índice de pobreza más alto de toda la Unión Europea.
En los últimos años el crecimiento económico se ha alimentado del ladrillo. Los gobiernos han fomentado que la vivienda se considere una inversión antes que un bien de primera necesidad. Entre 1997 y 2007, se edificaron 6,6 millones de viviendas, la misma cantidad que se construyó en Francia, Italia y Alemania juntas. Aún así el precio de las viviendas llegó a triplicarse.
Para "dar de comer a la burbuja" se ha promovido la compra. Los bajos salarios, el aumento del precio de la vivienda, la ausencia alquiler asequible, tipos de interés altísimos, y una deficiente supervisión por parte del Banco de España, empujaron a decenas de miles de familias a endeudarse. Todo ello acompañado de prácticas que hasta el día de hoy han sido calificadas cuanto menos de abusivas.
Para más colmo tenemos un parque de viviendas públicas que no alcanza ni el 2%, cuando la media europea es del 15%), ayudas al pago del alquiler escasas, y un 14% de viviendas vacías.
El aumento del paro y el sobreendeudamiento generalizado se tradujo en dificultades para hacer frente al pago de la vivienda. A partir de 2008 y hasta la actualidad la imposibilidad material de pagar el alquiler o la hipoteca ha sido un problema de primer orden para las familias.
En el ámbito legislativo, tenemos una normativa hipotecaria anómala que sobreprotege a la parte creditora frente a los prestatarios (te quitan la casa y te queda una deuda de por vida). Esta situación de desprotección del consumidor, denunciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (claúsulas suelo, clausula del vencimiento anticipado etc.) y declarada ilegal, junto con modificaciones de la legislación en la ley de arrendamientos urbanos que agilizan los desahucios sin tener en consideración la situación de las personas afectadas y sin que existan medidas de realojo adecuado, no deja otro camino a miles de familias que contemplar la ocupación de la vivienda como única alternativa habitacional.
Ahora
están llegando problemas con los alquileres, castigados por las
consecutivas reformas de la LAU, con contratos
inestables de 3 años y subidas indiscriminadas de precio, si
te renuevan. Además, a diferencia de los países del entorno europeo, no existen
medidas orientadas a impedir rentas abusivas. Por no hablar de la incursión de
fondos buitres, que alentados por la posibilidad
de especular con las viviendas ejecutables,
deudas o en el mercado inmobiliario de alquiler de viviendas o turístico; están
frotandose las manos.
Los datos hablan por sí solos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), des del 2007 hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000 (en las grandes ciudades, más del 50% son de alquiler). En nuestra ciudad una media de 3 desahucios al día. Se dice rápido, pero estamos hablando de una auténtica catástrofe.
Nos alarma también el crecimiento de la pobreza energética. Los precios se han vuelto inasequibles. Solo hay que ver la subida exponencial de la luz en los últimos años en la que la potencia contratada, que supone un 40% del recibo, se ha encarecido más de un 90% desde 2013. Solo en 2014 se produjeron en el estado español más de 2 millones de cortes de suministro en España.
En el año 2013 presentamos una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso que recogía tres medidas de mínimos como dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Esta ILP obtuvo un gran apoyo con un millón y medio de firmas. A pesar de ello, no prosperó porque la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados la bloqueó. Vinimos entonces a este pleno a pedir apoyo a esa Iniciativa Legislativa Popular. Un apoyo que, por cierto obtuvimos. Aunque no únanime.
Ante la situación descrita, el Gobierno ha legislado iniciativas totalmente insuficientes e ineficaces. El Código de Buenas Prácticas no ha conseguido solucionar más que el 0,5% de los casos. El Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios sólo ha conseguido paralizar el 5% de los desahucios durante su vigencia, quedando aplazada la problemática.
Además se han impugnado las leyes autonómicas que venían a cubrir el vacío existente a nivel estatal. Como pasó con nuestra Ley 24/2015, la ILP Habitatge que también presentó la PAH junto a otras organizaciones de la sociedad civil y que se aprobó por unanimidad en el mes de julio de 2015. Por cierto, con el voto favorable del Partido Popular, lo cual nos alegró; pero luego vimos como el Gobierno de Rajoy la impugnaba al Constitucional, estando aún suspendida a la espera de una sentencia.
Después de 9 años el movimiento ciudadano en defensa del derecho a la vivienda ha conseguido un amplio reconocimiento y legitimidad a todos los niveles, a través de la denuncia pública y toma de conciencia frente a este problema, paralizando miles de desahucios o realojando, consiguiendo a través de la presión soluciones para incontables familias, ofreciendo herramientas y recursos para la defensa de las personas afectadas etc.
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales, subministros y al saneamiento, la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de realojo.
El Estado español ha estado incumpliendo los pactos internacionales ratificados así como ha tenido numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desde 2013 que confirman la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria.
También se incumple la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación, imponiendo a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general.
Como encaja todo esto con los desahucios que sufrimos a diario, con los 165.000 millones de euros de rescate a los bancos sin pedirles nada a cambio o con los recortes en sanidad y educación? Eso sí, mientrastanto Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell cerraron el año 2013 con un beneficio de 7.674 millones de euros. Y la principal empresa distribuidora de luz en Catalunya, Endesa, declaró un beneficio de 1.411 de millones de euros en 2016. Ustedes lo entienden?
Hoy venimos a hablarles de un nuevo intento de acabar con esta catástrofe social que llamamos desahucios, deudas impagables, familias empobrecidas, menores y gente mayor viviendo sin luz o agua, millones de viviendas vacías y centenares de miles de familias sin vivienda.
Nos referimos a la LEY DE VIVIENDA DE LA PAH. Una propuesta de Ley que ya hemos explicado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, donde la mayoría de ustedes también tienen representantes y que tramitaremos el curso que viene. Una ley que se debería de haber aprobado después del primer desahucio en 2007, pero no se quiso, para salvar a los bancos y no a las personas. Una ley necesaria, efectiva y justa que nos habría ahorrado mucho sufrimiento. Los Gobiernos y las instituciones de este país tienen una deuda con la gente: cambiar las leyes y acabar con todo este sufrimiento. Ya ven: no sólo paramos desahucios y acompañamos a las familias en dificultades, también escribimos las leyes para garantizar el derecho a la vivienda.
Esta ley tiene por el objetivo de legislar cinco mecanismos básicos para hacer frente, de manera efectiva y eficaz, a la emergencia habitacional dando respuesta y solución a las situaciones de sobreendeudamiento, al abuso del sistema financiero, dando alternativa habitacional a las familias en situación de exclusión residencial que sufren procedimientos de lanzamiento ya sea por ejecuciones hipotecarias, impago de alquiler o estar en precario, a la vez que se desarrollan mecanismos para aumentar el parque de vivienda pública, a la inestabilidad e inseguridad de la legislación de arrendamientos urbanos que dificultan el acceso a la vivienda mediante esta opción, y finalmente, mecanismos que eviten situaciones de cortes de suministros básicos a los que todo ciudadano ha de tener acceso.
Los datos hablan por sí solos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), des del 2007 hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000 (en las grandes ciudades, más del 50% son de alquiler). En nuestra ciudad una media de 3 desahucios al día. Se dice rápido, pero estamos hablando de una auténtica catástrofe.
Nos alarma también el crecimiento de la pobreza energética. Los precios se han vuelto inasequibles. Solo hay que ver la subida exponencial de la luz en los últimos años en la que la potencia contratada, que supone un 40% del recibo, se ha encarecido más de un 90% desde 2013. Solo en 2014 se produjeron en el estado español más de 2 millones de cortes de suministro en España.
En el año 2013 presentamos una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso que recogía tres medidas de mínimos como dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Esta ILP obtuvo un gran apoyo con un millón y medio de firmas. A pesar de ello, no prosperó porque la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados la bloqueó. Vinimos entonces a este pleno a pedir apoyo a esa Iniciativa Legislativa Popular. Un apoyo que, por cierto obtuvimos. Aunque no únanime.
Ante la situación descrita, el Gobierno ha legislado iniciativas totalmente insuficientes e ineficaces. El Código de Buenas Prácticas no ha conseguido solucionar más que el 0,5% de los casos. El Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios sólo ha conseguido paralizar el 5% de los desahucios durante su vigencia, quedando aplazada la problemática.
Además se han impugnado las leyes autonómicas que venían a cubrir el vacío existente a nivel estatal. Como pasó con nuestra Ley 24/2015, la ILP Habitatge que también presentó la PAH junto a otras organizaciones de la sociedad civil y que se aprobó por unanimidad en el mes de julio de 2015. Por cierto, con el voto favorable del Partido Popular, lo cual nos alegró; pero luego vimos como el Gobierno de Rajoy la impugnaba al Constitucional, estando aún suspendida a la espera de una sentencia.
Después de 9 años el movimiento ciudadano en defensa del derecho a la vivienda ha conseguido un amplio reconocimiento y legitimidad a todos los niveles, a través de la denuncia pública y toma de conciencia frente a este problema, paralizando miles de desahucios o realojando, consiguiendo a través de la presión soluciones para incontables familias, ofreciendo herramientas y recursos para la defensa de las personas afectadas etc.
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales, subministros y al saneamiento, la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de realojo.
El Estado español ha estado incumpliendo los pactos internacionales ratificados así como ha tenido numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desde 2013 que confirman la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria.
También se incumple la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación, imponiendo a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general.
Como encaja todo esto con los desahucios que sufrimos a diario, con los 165.000 millones de euros de rescate a los bancos sin pedirles nada a cambio o con los recortes en sanidad y educación? Eso sí, mientrastanto Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell cerraron el año 2013 con un beneficio de 7.674 millones de euros. Y la principal empresa distribuidora de luz en Catalunya, Endesa, declaró un beneficio de 1.411 de millones de euros en 2016. Ustedes lo entienden?
Hoy venimos a hablarles de un nuevo intento de acabar con esta catástrofe social que llamamos desahucios, deudas impagables, familias empobrecidas, menores y gente mayor viviendo sin luz o agua, millones de viviendas vacías y centenares de miles de familias sin vivienda.
Nos referimos a la LEY DE VIVIENDA DE LA PAH. Una propuesta de Ley que ya hemos explicado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, donde la mayoría de ustedes también tienen representantes y que tramitaremos el curso que viene. Una ley que se debería de haber aprobado después del primer desahucio en 2007, pero no se quiso, para salvar a los bancos y no a las personas. Una ley necesaria, efectiva y justa que nos habría ahorrado mucho sufrimiento. Los Gobiernos y las instituciones de este país tienen una deuda con la gente: cambiar las leyes y acabar con todo este sufrimiento. Ya ven: no sólo paramos desahucios y acompañamos a las familias en dificultades, también escribimos las leyes para garantizar el derecho a la vivienda.
Esta ley tiene por el objetivo de legislar cinco mecanismos básicos para hacer frente, de manera efectiva y eficaz, a la emergencia habitacional dando respuesta y solución a las situaciones de sobreendeudamiento, al abuso del sistema financiero, dando alternativa habitacional a las familias en situación de exclusión residencial que sufren procedimientos de lanzamiento ya sea por ejecuciones hipotecarias, impago de alquiler o estar en precario, a la vez que se desarrollan mecanismos para aumentar el parque de vivienda pública, a la inestabilidad e inseguridad de la legislación de arrendamientos urbanos que dificultan el acceso a la vivienda mediante esta opción, y finalmente, mecanismos que eviten situaciones de cortes de suministros básicos a los que todo ciudadano ha de tener acceso.
La Ley de Vivienda de la PAH contempla las siguientes 5 demandas:
1.DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
•
Mecanismos
de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la
deuda.
•
Inembargabilidad
de la vivienda habitual de avalistas.
•
Eliminación
de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.
2.ALQUILER ASEQUIBLE
•
Reforma
de la LAU para dar seguridad y estabilidad.
•
Ampliación
a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda
rescindir en casos concretos de urgencia.
•
Establecer
un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la
población.
3.STOP DESAHUCIOS
•
Moratoria
sobre desahucios de primera y única vivienda.
•
Obligación
de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las
familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.
•
Ayudas
a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
•
Obligatoriedad
de la Administración Pública a ofrecer realojos.
4.VIVIENDA SOCIAL
•
Movilización
de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.
•
Incrementar
el parque público de vivienda.
•
Alquileres
Sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
5.SUMINISTROS
GARANTIZADOS
•
Principio
de Precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas
sin antes tener información sobre la situación de las afectadas.
•
Tarifa
Social: pago en función de la capacidad adquisitiva.
•
No
asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que
asuman el coste de las familias que no puedan pagar.
Cinco
demandas que permitirían cerrar la puerta del sufrimiento y dar un paso de
gigante hacía el derecho a la vivienda.
Hemos presentado esta moción en todos los Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos del estado. Hoy le toca a los representantes de este pleno decidir si están o no con el derecho a la vivienda.
Por todo lo expuesto, les pedimos que:
1. Defiendan públicamente la Ley de Vivienda de la PAH.
Hemos presentado esta moción en todos los Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos del estado. Hoy le toca a los representantes de este pleno decidir si están o no con el derecho a la vivienda.
Por todo lo expuesto, les pedimos que:
1. Defiendan públicamente la Ley de Vivienda de la PAH.
2. Defiendan ante al Gobierno del Estado y pidan al Congreso su
aprobación.
Hoy le toca al pleno posicionarse y darnos apoyo para hacer frente de una vez por todas a la emergencia habitacional, dejar a un lado las diferencias y sacar adelante la ley de vivienda que nos permita ser un país avanzado en la protección de derechos.
Nos gustaría saber el posicionamiento de todos los grupos del Pleno, por lo que pedimos al Alcalde que abra un breve turno de palabras para poder recibir esas respuestas.
Además, proponemos que lo que hemos planteado hoy aquí se vote como propuesta de resolución en el próximo pleno del 20 de julio. En ese momento sabremos, más allá de las palabras, que grupos políticos de Terrassa apoyan la Ley de Vivienda de la PAH y cuales no.
Piensen primero en la ciudad y en el derecho a la vivienda de todos los terrassenses. Esperamos sus respuestas.
Buenas noches.