Hoy el Diari de Terrassa nos publica una carta donde explicamos en qué consiste la
nueva ley contra la emergencia habitacional y la pobreza energética de
Catalunya, la ILP Habitatge que conseguimos que el Parlament aprobara el
pasado mes de Julio.
En
el artículo exponemos cómo nos protege esta nueva ley de las deudas,
los desahucios y los cortes, y cuales son las responsabilidades de las
administraciones (Generalitat, Ayuntamiento, Juzgados) para que se
aplique y no se vulnere más el derecho a la vivienda digna en nuestra
ciudad y en toda Catalunya.
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Este 23 de Julio el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad nuestra Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda. Fue una victoria colectiva gigante por la que hemos peleado más de 6 años. La mejor de la PAH es su solidaridad: luchamos juntos para ganar todos, con la dignidad que algunos se creían que nos habían arrebatado y con el apoyo de una sociedad que ha dicho basta.
Aún
con el orgullo por el trabajo bien hecho, hemos retomado nuestra
actividad de cada martes en el centro cívico de Sant Pere Nord,
donde nos organizamos para defender nuestros derechos.
La
“Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica", pone encima de la mesa medidas para detener los
desahucios de hipoteca y de alquiler, los cortes de suministros, para
terminar con las deudas de por vida que no alcanzamos a pagar, y para
movilizar las viviendas vacías de bancos que incumplen su función
social.
La
ley que conseguimos aprobar, es muy clara y establece que hay que
proteger a las personas en situación de "exclusión
residencial". Es decir, las familias que ingresen menos de 1600
euros (aproximadamente, según los miembros de la familia y la zona
donde se viva), y que se enfrenten a deudas o desahucios de hipoteca,
desahucio de alquiler, o cortes de suministros en su vivienda
habitual. Las que, aun superando esos ingresos, tengan un informe
social que acredite exclusión residencial, también deberán ser
protegidas.
Para
resolver el sobre-endeudamiento se habilitarán mecanismos de segunda
oportunidad que pueden terminar en cancelación de la deuda. Éstos
se desarrollarán en los próximos meses para que sea de aplicación.
En
caso de desahucio ¿cómo nos protege la ley? Obligando a los grandes
tenedores de viviendas (bancos y sus inmobiliarias, fondos de
inversión y propietarios con más de 17 viviendas) a ofrecer un
alquiler social (entre 50 y 140 euros, según ingresos) para evitar
el desahucio, sea de hipoteca o de alquiler. En desahucios de
alquiler en los que el propietario sea un particular, se establecen
ayudas para evitarlo y en cualquier caso, realojo para la familia.
Para
garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas, la ley
determina que las compañías no podrán hacer cortes sin un informe
de servicios sociales que indique que no hay exclusión residencial.
En caso de que así sea, hay que garantizar los suministros básicos
con ayudas o descuentos, mientras ésta dure.
Como
ven, estamos hablando de una ley ambiciosa. Además sabemos que
aprobar una ley no lo cambia todo en un día: hay que aplicarla y
conseguir que no se guarde en un cajón.
Por
este motivo hacemos un llamamiento para que se aplique nuestra ILP,
que hoy es una ley de todos que defiende a cualquier persona con
dificultades. Desde la PAH hemos publicado en nuestra web los
documentos jurídicos para detener desahucios que ya estamos
presentando en los juzgados. Invitamos a todos los afectados y a sus
letrados a usarlos.
Pero
para que se cumpla la ley es imprescindible que todas las
administraciones asuman su responsabilidad.
En
primer lugar, la Generalitat y los Ayuntamientos deben garantizar que
todo el mundo conozca sus derechos y tenga al alcance las
herramientas para defenderse.
En
segundo lugar, tenemos que saber claramente cual es la magnitud del
problema y a quién se deberá proteger. Por lo que todos los
Ayuntamientos deberán identificar cuantas personas en su municipio
están en exclusión residencial.
Pero
sobretodo es importante saber que los municipios tienen un rol
central en la aplicación de esta ley. No solo informando a la
ciudadanía que acuda a sus oficinas, ya sean de vivienda o de
servicios sociales, sino elaborando un protocolo interno de como se
debe aplicar.
En
concreto, la ley obliga a los Ayuntamientos a elaborar de informes de
exclusión residencial para certificar la necesidad de paralizar un
desahucio o un corte y garantizar alquiler social. A controlar que en
casos de desahucio de gran tenedor, éste haga una oferta de alquiler
social dentro de los parámetros que la ley establece, y de no ser
así, sancionar con hasta 90.000€ por infracción.
Además,
los Ayuntamientos y la Generalitat quedan obligados a realojar a las
familias que vayan a sufrir desahucios de pequeño propietario,
siempre que las ayudas económicas no sean suficientes. Será
imprescindible pues movilizar numerosas viviendas sociales. La nueva
ley aporta para ello una nueva herramienta que será clave, por ser
más eficiente que las multas: la posibilidad de obligar directamente
a los bancos a ceder vivienda vacía para alquiler social.
La
Generalitat deberá aportar recursos, tanto presupuestarios como de
vivienda, y asesorar a los Ayuntamientos en esta tarea.
Queda
claro que esa “Terrassa del derecho a la vivienda y libre de
desahucios”, no es algo que se vaya a conseguir con solo
proclamarlo en la prensa o en un tuit.
Desde
la PAH llevamos 6 años luchando por ello día a día y con humildad.
Nos habréis visto en las calles, pero sobretodo hemos trabajado como
hormigas, apoyándonos los unos a los otros.
Por
eso ahora exigimos menos palabras y más resultados. Que nadie trate
de apropiarse lo que vayamos consiguiendo. No nos interesan las
competiciones de alcaldes. Luchamos para que todos los Ayuntamientos
defiendan el derecho a la vivienda, como hicimos con las multas a las
viviendas vacías de los bancos.
Hemos
conseguido miles de pequeñas victorias colectivas que al final han
hecho posible que se cambien las leyes en Catalunya.
Defiendan
ahora desde los Ayuntamientos y la Generalitat los derechos de la
gente, es su obligación. Pónganse a trabajar y hagan cumplir la
ley. Y escuchen-nos, que de derecho a la vivienda... algo sabemos.
Exigimos ser partícipes del diseño de implementación de la ley a
nivel municipal.
Pongámonos
todos a trabajar en ello. Que falta hace.
Plataforma
d'Afectats per les Hipoteques (PAH) de Terrassa